Solo de chiripada atraparían a homicidas de Gustavo

La “solución” de casos relevantes ha sido producto de la “buena suerte” de la procuraduría, no del rigor en las investigaciones o la búsqueda de inculpados

Jerònimo Patraca

Puede parecer un chiste cruel, de humor negro, pero no lo es. Lamentablemente la realidad indica que la “solución” de algunos de los crímenes más sonados en la región del Papaloapan han sido más producto de la suerte que del trabajo serio y profesional de la Procuraduría General de Justicia. En tan sólo un año, la procuraduría ha “resuelto” una serie de asuntos en los que poco o nada tuvieron que ver la investigación acuciosa, sino más bien el exceso de confianza de los supuestamente “más buscados” por la Justicia oaxaqueña.
Aquí un apretado recuento de la hasta ahora relativa buena suerte de la Procuraduría:
Catarino, a la velocidad del rayo
El 22 de octubre del 2010, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Torres Pereda fue asesinado dentro de sus oficinas, en Tuxtepec, Oaxaca. A los cinco días, uno de sus presuntos asesinos, Manuel Martínez Gutiérrez, fue detenido en la ciudad de Oaxaca. Para que esto fuera posible tuvieron que ocurrir cosas realmente sorprendentes: testigos presenciales acudieron a la ciudad de Oaxaca –nadie sabe qué hacían ahí- y leyendo la prensa del día, en la sección policiaca se percataron que una persona con las mismas características del que asesinó a su líder había sido detenida. Fue suficiente. Al cristiano le cayó, como se dice en el argot, “la voladora”. La rocambolesca historia fue “comprada” por los dirigentes de la organización y aparentemente, el asunto ha quedado concluido. Se hizo justicia. Pero nadie sabe explicar quién contrató al matón o si actuó de motuo propio, es decir, por sus pistolas (una 9 milímetros). Y si fue así, ¿qué lo motivó a matar al dirigente? si a este ni siquiera lo conocía, según ha declarado a la prensa. Lo innegable es que Manuel Martínez Gutiérrez había salido de prisión un mes antes del homicidio que se le atribuye. De acuerdo con el expediente radicado en el juzgado segundo de lo penal, el presunto homicida afirma que el día de los hechos estuvo en Oaxaca, en casa de su pareja sentimental. El día de su arresto, en la ciudad de Oaxaca, a él y a sus cómplices les hallaron, un pequeño arsenal entre las que se encontraba una pistola calibre 9 milímetros –justo como la utilizada en el crimen del controvertido líder social- después de haber asaltado a Karla López Pérez. Además, tenía antecedentes penales y mejor aún (para la historia oficial, por supuesto): es originario de Loma Bonita, Tuxtepec. Es decir, era el candidato idóneo para ser un chivo expiatorio según el presunto criminal.
Pero no hay que perder el contexto. El homicidio ocurrió un mes antes de que el gobierno de Ulises Ruíz terminara. Al día siguiente en una acción similar fue asesinado Heriberto Pazos Ortiz, líder del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT). Para no pocos actores políticos, se trató de una “operación quirúrgica”, un crimen de Estado. Para otros el asesinato de Torres Pereda pudo ser una venganza de los múltiples particulares que se vieron afectados por los hechos vandálicos de su organización. Lo innegable es que la habilidad de los investigadores resolvió el asunto en menos de cinco días. Gracias a un retrato hablado y a unos testigos muy observadores.

Un tigre y un triste cazados

Al legendario tigre de Santa Julia lo atraparon con los pantalones abajo, detrás de una nopalera, defecando. Pero al Tigre del Papaloapan, lo atraparon de puritita casualidad, los sabuesos oaxaqueños, a las puertas de la delegación de la Procuraduría General de Justicia (PGR) en Cosamaloapan. Esta es la triste historia de David Cheguil Estrada o Carlos Méndez Estrada, a quien se le conoce también como El Tigre o el Cheguil. El día ocho de agosto del 2011 en una revisión de rutina, la Policía Estatal de Veracruz le decomisó un arma de uso exclusivo del Ejército. Como parte de un protocolo, se buscó en la base de datos de Plataforma México si tenía antecedentes penales y efectivamente, se toparon con que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lo buscaba por cielo, mar y tierra. Le informaron a esta y raudos como suelen ser, los policías oaxaqueños fueron por él. Al presunto homicida le cayeron entonces, como una pesada red de caza, buena parte de los asesinatos no resueltos en la región. Más de cincuenta, llegó a atribuirle un diario de circulación local. Inicialmente se le acusó del homicidio de los hermanos Félix Eduardo y Andrés Biviano Pérez Martínez, ocurrido el 19 de febrero de este año en la Sierra Juárez. La muerte de Nicolás Cruz Gutiérrez también se le atribuyó. Esta ocurrida el 21 de abril de este mismo año. El fue familiar de los ejecutados en la Sierra.
Otro homicidio que le fue atribuido fue el ocurrido el 25 de junio de este mismo año en contra de Fernando Valentín Contreras (a) El Triste, en Tuxtepec, Oaxaca. Esto porque presuntamente el occiso “andaba” con la ex mujer de El Tigre, (exp 214/II/2011). Fue ella quien lo reconoció y lo delató (como en toda historia digna de ser contada, el ingrediente amoroso, en esta no faltó). A El Tigre se le adjudica en los medios la ejecución de Pablo Morales Guadalupe, hermano del ex diputado por el PT, Juan Bautista Olivera Guadalupe. También se le atribuyó el asesinado del comisariado ejidal de Santa Teresa, Papaloapan, Carlos Valencia Lara, ocurrido el 19 de julio de 2011. La prensa refiere asimismo que participó en el atentado en contra del comandante de la policía municipal de Otatitlán, Veracruz, Ezequiel Bravo Torres el 27 de diciembre de 2010, a plena luz del día. Lo que nadie discute es que al Tigre le falló la suerte.

El triple homicidio de Loma

Otro asunto “resuelto” a medias gracias a la casualidad fue el relativo al triple homicidio ocurrido en Loma Bonita el 22 de mayo del 2006 en contra de los menores Jorge Enrique García Brenes, Marlon Roberto Miranda Romero y Jorge Alberto Miranda Reyes (Exp. 75/II2006). Sucedió que el día 30 de julio al estar en la terminal de Occidente (TAPO) de la Ciudad de México, el padre de uno de los occisos identificó al hasta ahora presunto asesino de su hijo, José Manuel Murcia Villar y se trabó a golpes con él. Como consecuencia, la policía que vigila el lugar detuvo a ambos y al checar en la Plataforma México, la base de datos donde se ubica a los delincuentes más buscados, encontró que al detenido le pesaba una orden de aprehensión en Oaxaca.
Producto también de la casualidad fue la detención, a mediados de septiembre de este mismo año, de Jasser Ahuet Romero. Pero nuevamente, no fueron los policías oaxaqueños quienes lo arrestaran sino que quienes entraron en acción fueron primero los policías veracruzanos. En este caso, el joven Ahuet Romero se vio involucrado en un hecho de tránsito y al checar nuevamente en la Plataforma México, se encontró que tenía una orden de aprehensión girada por el juzgado primero de lo penal de Tuxtepec, Oaxaca. Pero, como no todo puede ser mil sobre ojuelas en esto de la efectividad policiaca, la entonces titular de este juzgado decidió dejarlo en libertad por falta de elementos para procesar. Total, que la buena suerte de la Procuraduría no había sido completa.
Ahora, en el caso de Gustavo Pacheco Villaseñor, asesinado el 15 de septiembre pasado, la Sub procuraduría no ha informado si se consignó la averiguación previa solicitando la detención de persona alguna. Sí ha dicho que existe un avance del 80 por ciento. Quizá, solo quizá, el 20 por ciento restante dependa del azar. No lo sabemos. Lo que sí se sabe, porque el procurador vino a decirlo, es que no fue el crimen organizado porque este no utiliza el tipo de armas que ultimaron al ex edil. ¡Qué tranquilidad y que sesuda conclusión!. Con razón solo por azar se “resuelven” las investigaciones criminales en Oaxaca.

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Dicen comunidades no a hidro-eléctrica

Daño ambiental y social, anteriores incumplimientos de la empresa y la falta de información oficial, entre las causas del rechazo

Miguel Angel Vásquez

El proyecto de construir la mini hidro-eléctrica Cerro de Oro está cancelado. A pesar del ofrecimiento de impulsar un nuevo proyecto, que aparentemente no generaría la misma destrucción ambiental que el original y de las promesas de generar 250 empleos directos durante los tres años que dure la obra, hecho por la empresa Electricidad de Oriente a través de sus representantes, Mauricio Justus Villarreal, Carlos Jinich Ripstein, tres de las cuatro comunidades afectadas dieron un rotundo rechazo a la inversión privada. La comunidad Los Reyes, que resultaría la más afectada (o beneficiada, según se quiera ver), en voz de su comisariado ejidal, Fèlix López Ortiz dij el 12 de noviembre que su postura sería en concordancia con el de las otras tres comunidades, pero finalmente el 14 de noviembre dijo sí al proyecto que espera genere empleo y progreso en su comunidad. “Quizá nos orille la ignorancia y la pobreza, pero no podemos darnos el lujo de decir que no”, argumentó ante representantes de las otras tres comunidades y funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal como el subsecretario de gobierno, Oscar Cruz López.

En sendas asambleas informativas y deliberativas efectuadas el pasado 12 y 13 de noviembre, las comunidades de Santa Ursula, Paso Canoa y Cerro de Oro fueron tajantes. No permitirán que en su territorio se desarrolle el proyecto debido a temores –producto de suposiciones, según el subsecretario Cruz López- que existen respecto a la inseguridad de la cortina de la presa, la contaminación que generará la obra y sobre todo porque más allá de la compra de tierras, el pago de servidumbres de paso y la generación de unos cuantos empleos de mano de obra no especializada, la obra no genera en la comunidad beneficios sustanciales y duraderos que se comparen con el jugoso negocio de las empresas que tendrán la explotación energética durante los próximos 25 años. “No queremos que nos vengan a querer engañar con espejitos”. “Ya no estamos en los tiempos de antes, ahora conocemos nuestros derechos y la respuesta es tajante: no queremos la hidro-eléctrica”, dijeron diversos ciudadanos al sostener reuniones conjuntas con el mediador Keith Kozlof, el presidente municipal José Manuel Barrera Mojica, la diputada local Angela Hernández Solís, entre otros. Además, el día 14, fecha en que se dio por terminado el diálogo con intermediación de la oficina del gobierno estadounidense, estuvo también presente el inversionista Marc Frishman.

Un poco de historia

Desde el año de 2007, la empresa Electricidad de Oriente -socia de las empresas COMEXHIDRO y la estadounidense Conduit Capital Patners- inició gestiones para instalar en la cortina de la presa Cerro de Oro, inaugurada en 1989, una mini hidroeléctrica que generaría 14.5 megawats al tomar 30 metros cúbicos por segundo de la presa Cerro de Oro. El proyecto original contemplaba realizar una toma de agua en la cortina de la presa, conducirla por inmensos tubos, llevarla hacia unas turbinas, generar energía eléctrica y depositar el agua en el arroyo Sal. La inversión anunciada fue de 60 millones de dólares. La agencia que proporcionaría los recursos sería la Corporación por la Inversión Privada en el exterior (OPIC, por sus siglas en inglès), algo que a la postre sería definitivo para conseguir la cancelación del proyecto.

De acuerdo con la ley en vigor, dicha energía generada solo podrá ser utilizada para el autoconsumo. Es decir, la adquirirán socios de la misma empresa generadora. Estas empresas están ubicadas fuera del estado de Oaxaca, como Guanajuato y Jalisco.

Como parte de sus gestiones, los empresarios consiguieron permisos de las diversas autoridades, como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), el Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Este último, al menos, ha señalado que los permisos no son tales sino que existen inconsistencias que hacen posible la clausura de la obra en cualquier momento. Los trabajos sin embargo, están suspendidos desde el primer trimestre del 2011 debido a que se abrió una etapa de negociación entre las comunidades y las empresas.

La inconformidad

A principios del año 2010, la empresa inició en el campo sus operaciones. En este afán, inició la devastación de diversas áreas adyacentes al arroyo Sal. Entre los primeros efectos, según denuncias de los pobladores, estuvo la utilización de explosivos en proximidades de la cortina. Estos, según dijeron, causaron cuarteadoras en los muros de la comunidad. Además, se temía que las mismas ondas expansivas dañaran la cortina de la presa. Por otra parte, a decir de los vecinos, el manantial que abastece a la comunidad de agua potable fue contaminado con cemento. Como consecuencia, los pobladores buscaron y obtuvieron el apoyo del despacho Accountability Counsel, el cual tiene entre sus fines apoyar a comunidades inconformes con las acciones llevadas a cabo en su territorio por parte de empresas financiadas con capital internacional y de desarrollo. Con Natalie Bridgenam al frente, un equipo de abogados de San Francisco, California (EU) presentó una demanda ante la Oficina de Responsabilidades de la OPIC –un equivalente de contraloría interna-. La mencionada oficina está encargada de resolver los conflictos entre comunidades afectadas e inversionistas apoyados con fondos proporcionados por la OPIC. De esta manera, y luego de diversas acciones no judiciales, entre las que destacan la intervención del Congreso del Estado, a petición de la diputada local Angela Hernández Solís, en febrero de este año la obra fue detenida. (“Algo imposible de ver en mi país”, según reconoció el propio el mediador Keith Kozlof en las reuniones celebradas entre el 12 y 14 de noviembre pasados). Se abrió entonces una etapa de diálogo entre la empresa y las comunidades afectadas.

Uno de los argumentos principales, era y sigue siendo, que de acuerdo con el derecho internacional y nacional, las comunidades indígenas deben ser primeramente informadas y luego consultadas sobre si aceptan o rechazan proyectos de desarrollo que impactan en su entorno medio ambiental.

El diálogo agotado

Como parte del diálogo, en marzo pasado la empresa y las comunidades acordaron solicitar la opinión de un experto en seguridad de presas respecto a la condición actual de la cortina de la Cerro de Oro, así como de las consecuencias que tendría la obra a desarrollarse en ella. Además, su opinión sobre si el proyecto de mini hidroeléctrica dañaría o no el manantial y el arroyo sal. El consultor elegido fue el Doctor en ciencias Raúl Flores Berrones, autor del libro Flujo de Agua a través de Suelos, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMT).

Al comparecer el pasado 12 y 13 de noviembre ante pobladores de las comunidades, Raúl Flores Berrones, sostuvo que la presa Cerro de Oro es sumamente segura. Sin embargo, reconoció que los instrumentos con los cuales se miden los posibles cambios estructurales y movimientos de la cortina de esta presa son obsoletos, cuando no inexistentes. La única forma de saber que no hay asentamientos en la cortina es la revisión de los testigos externos. Es decir, marcadores colocados a lo largo y ancho de la cortina. Fuera de ello ni los inclinómetros ni los piezómetros funcionan adecuadamente, aceptó. Un factor que puede contribuir a la inseguridad, no ahora, sino a futuro, es la existencia de árboles y arbustos en la cortina, debido a que esto puede provocar la tubificación. Este problema, dijo, es, la segunda causa más importante de rupturas de presas en el mundo. Además, en su texto disponible en la red http://www.revistatlaloc.mx/publi_AMH/Flujo%20del%20agua%20a%20traves%20de%20los%20suelos.pdf, el experto sostiene que el problema de la tubificación “se puede causar en cualquier grieta causada por asentamientos diferenciales, temblores o grietas de tensión, e incluso a partir de hoyos dejados por raíces o troncos podridos. La falla puede ocurrir desde el primer llenado o después de varios años de construida la presa”.

Desafortunadamente, apuntó también ante las comunidades, no existe en la presa un sismógrafo que permita valorar los movimientos telúricos de la zona, a pesar de la gran sismicidad de la región.

Sobre esta situación en particular, y ante la preocupación de los lugareños, que se quejaron del uso de explosivos, el ingeniero Ismael Morales Méndez, director técnico del organismo de Cuenca Golfo Centro, de la Comisión Nacional del agua (Conagua), dijo que estos no rebasaron el máximo permisible por las normas internacionales, es decir, que mientras el tope de la velocidad de partículas en una explosión es de 5 centímetros por segundo, el máximo nivel fue el de 0.7 centímetros por segundo. Aunque esta información, reconoció, fue proporcionada por la misma empresa debido a que en la cortina no se cuenta con el instrumento necesario para realizar dichas mediciones. Pero en todo caso la información proporcionada es confiable, agregó, ya que este tipo de instrumentos no puede ser manipulado externamente. Luego, como encargado de la seguridad de la presa se comprometió a que la dependencia procurará adquirir los instrumentos que hacen falta en la presa, aunque recalcó que estos sólo son útiles durante los primeros diez años de la puesta en operación de una presa.

La contaminación y el nuevo proyecto

Respecto a la contaminación del manantial, el experto Raúl Flores Berrones aceptó en primer lugar que el manantial era tal y no una filtración de la presa, como dijo en su momento la empresa. Debido a lo anterior, reconoció que el proyecto original de la empresa consideraba anclar un muro de la casa de máquinas a una profundidad mayor a la del flujo del manantial por lo que este proyecto podría interferir el flujo de dicho manantial y obviamente perjudicar a las comunidades que se abastecen de agua en él. Por ello, dijo que era preferible el nuevo proyecto de la empresa.

Y así, posterior a la intervención del experto y del funcionario de la Conagua, los pobladores escucharon la propuesta de la empresa. El nuevo proyecto mantiene la idea de instalar una toma de agua en el margen derecho de la cortina, pero reubica la casa de máquinas y en vez de utilizar el arroyo sal como conducto para desfogar el líquido tomado de la presa, contempla la construcción de un canal profundo y a cielo abierto, que lleve las aguas de la turbina hacia el río Santo Domingo. Con ello, sostienen, no se afectará el manantial ni el arroyo Sal. Pero esto, es decir, la ausencia de daños al medio ambiente también fue argumentado en el anterior proyecto. Incluso, la Semarnat otorgó el correspondiente permiso al considerar que los daños al medio ambiente serían inexistentes o poco significativos. El recular de la empresa y la presentación de un proyecto alternativo demostró lo contrario, según los mismos pobladores.

La respuesta tajante y la insistencia del gobierno

Luego de conocer la información del experto y la nueva propuesta de la empresa, los pobladores de las cuatro comunidades entregaron por escrito su respuesta: No a la hidroeléctrica. De acuerdo con lo escuchado en las reuniones, la empresa hizo las cosas al revés. Primero llegó, ofreció apoyos e incumplió. Pero además, no advirtió de los daños que causaría al ambiente, además, escamoteó información. Por todo ello, “humildemente” el inversionista Marc Frishman pidió disculpas (antes había advertido que si en Oaxaca rechazaban la inversión de otros estados recibía diario llamadas para invertir en ellos). Pero de nada valieron. La decisión estaba tomada. Las comunidades en voz de sus comisariados, agentes y representantes de avecindados, dicen ya no confiar en nadie, ni en la empresa ni en las instituciones oficiales que otorgaron permisos sin conocer la realidad de los hechos. Para ellos el asunto está resuelto. Pero obviamente no todo está escrito. Falta la reacción de la empresa ante la negativa y la actuación del gobierno del estado, que aunque su enviado, el subsecretario Oscar Cruz López dijo que el gobierno de Gabino Cué respetará la decisión del pueblo, hace esfuerzos por retomar un diálogo que para las comunidades está terminado. Tras esto último la oficina del mediador estadounidense cedió su lugar al gobierno del estado. A éste, los representantes de las tres comunidades inconformes refrendaron la postura de sus asambleas y adelantaron que consultaran con estas si aceptan o no abrir un nuevo espacio de diálogo con el gobierno para tratar el tema. La respuesta la tendrán el próximo mes. Mientras tanto, las comunidades prestaron formalmente su rechazo a la propuesta original y a la alternativa. Además, notificaron formalmente ante la oficina mediadora estadounidense una petición de que se realice una auditoría para conocer las afectaciones que hasta este momento ha dejado en sus territorios la fallida ejecución del proyecto hidroeléctrico. Y en su caso, que se les indemnice.