Empresas eólicas y derechos de los
pueblos en el istmo de Tehuantepec
Francisco López Bárcenas
A
dela Santos Ángeles, dirigente de la Canacintra en Oaxaca, golpeó su
escritorio con el puño cerrado y espetó: ¡basta de falsos líderes! Enseguida
exigió al gobierno aplicar todo el rigor de la ley a quienes se oponen a que
las empresas eólicas sigan invadiendo el territorio de los pueblos ikojts y binnizá
del istmo de Tehuantepec porque –según ella– estorban el desarrollo de la
entidad. El enojo de la dirigente del sector privado era porque el día 6 de
este mes el juez séptimo de distrito en el estado, otorgó una suspensión
provisional a los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para el
efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal
o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto
de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa, es decir, que la empresa
Mareña Renovables suspendiera los trabajos para la instalación del parque
eólico, hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si se violan o no
las garantías de los pueblos que se quejan de ello.
Más mesurado pero en el mismo sentido,
Gabino Cué Monteagudo, el gobernador del estado de Oaxaca, afirmó que el
otorgamiento de la suspensión provisional a los habitantes de San Dionisio del
Mar –que solicitaron el amparo de la justicia federal para proteger sus
derechos como núcleo agrario y como pueblo indígena– representa una mala señal
para la inversión privada en el estado de Oaxaca, ya que constituye una de las
principales palancas de su gobierno para alcanzar la paz y el progreso del
pueblo oaxaqueño, privándolo de ser uno de los estados más generadores de
energía limpia en América Latina. El mandatario aprovechó para hacer votos
porque este juicio no siente precedente porque la instalación de parques
eólicos está beneficiando a los propietarios de la tierra, con el pago de la renta
y la generación de energía eléctrica.
Las reacciones de la representante del
sector privado y del gobernador resultan exageradas, por decir lo menos. La
suspensión otorgada por el juez, siendo provisional, no juzga sobre la
pretensión de los quejosos, sólo busca mantener las cosas en el estado en que
se encuentran hasta que el juicio se resuelva en definitiva. Solicitar el
amparo de la justicia federal cuando se piensa que una garantía constitucional
está siendo violada por la autoridad, no convierte a quien lo hace en falso
redentor, menos si al final se demuestra que tenía razón. No se puede olvidar
que existe un orden jurídico al que las autoridades deben sujetar sus actos,
que las empresas privadas no pueden estar por encima o por fuera de lo que las
leyes disponen, ni argumentando que aportan inversiones para el desarrollo, y
este tampoco puede fincarse en la conculcación de derechos reconocidos a los
gobernados. Finalmente, tampoco se puede echar de menos que el gobernador
protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella
emanen, por lo que no debería lamentarse de que los ciudadanos pidan que estas
se respeten.
Pero ese no es el problema,
sino la pretensión de las empresas de contar con la protección de las
autoridades para enriquecerse a costa de despojar a los pueblos de sus recursos
naturales, dejándolos sin posibilidades de acceder a un mínimo de bienestar que
les permita vivir dignamente. Eso es lo que puede verse atrás de la declaración
del gobernador de que los campesinos se benefician con la renta de su tierra,
pues es una verdad conocida que las empresas les pagarán ¡100 pesos! anuales
por hectárea, durante los treinta años de vida útil de los proyectos. Las
empresas vienen por todo y no quieren que nada ni nadie se oponga en su camino,
por eso se molestan cuando los afectados recurren a las leyes para defender sus
derechos. Estamos ante lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina
poderes salvajes aludiendo a la libertad
salvaje y sin ley de la que
hablaba Enmanuel Kant refiriéndose al poder del más fuerte, que no reconoce ni
los límites que la ley impone, con tal de conseguir sus objetivos.
Las posturas de la
representante del sector privado y del gobernador ante quienes se oponen a la
instalación de las empresas eólicas deberían modificarse, pues resultan
peligrosas para todos. Arropados en ellas, otros grupos regionales han iniciado
campañas de linchamiento mediático contra los líderes más visibles de la
oposición a las empresas eólicas, a las cuales se han sumado agresiones físicas
y amenazas de muerte. Eso es lo que atenta contra la paz y el progreso del
estado y no que los afectados defiendan sus derechos. El gobierno y el sector
privado deberían darse cuenta de que los pueblos no están contra el desarrollo,
como fácilmente se afirma, sino de que en nombre de él se les despoje de su
patrimonio. Si no se rectifica a tiempo el ambiente social y político puede
seguirse descomponiendo, dejando a los inconformes sin salida y entonces será
tarde para actuar. Ojalá y no sea eso lo que el sector económico del estado y
el gobierno busquen.
