Influenciados por el mercantilizado “espíritu navideño” y distractores como los caníbales y otras primeras planas de nota roja, los mexicanos nos hemos olvidado de un peligro que se cierne sobre nuestras cabezas. Se trata del retroceso de decenas de años en materia de derechos humanos que significan las reformas legales aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados.
Estas facultan prácticamente a cualquier policía y al ministerio público a realizar arrestos y aún cateos sin necesidad de cumplir con los requisitos que hasta el momento exige el artículo 16 de la Constitución Federal.
Lo anterior se suma a las reformas por las cuales prácticamente se abre el paso a lo que ha sido llamado, la criminalización de la protesta social. Es decir, que con estas reformas realizadas en noviembre pasado se puede calificar como delito la reunión masiva de personas cuando protestan en contra de algún sistema de gobierno. Pero lo más grave es que el delito agregado al Código Penal es nada menos que el de terrorismo.
Por todo ello, es evidente que ante el clima de irritación social debida a la falta de resultados positivos en materia económica y dado el ineficaz sistema político que prohija fraudes, a quienes detentan el poder no le ha quedado otra alternativa que endurecer su postura y prácticamente cancelar garantías conquistadas hace décadas.
Ciertamente en la exposición de motivos de estas reformas destaca el interés de combatir la delincuencia. Eso sería plausible, sin embargo, con la autorización dada a policias y ministerios públicos para realizar detenciones y cateos se expande la brecha que permite el abuso, la extorsión y en términos más generales la corrupción, la impunidad y la injusticia.
Sin duda las medidas son graves y nuestros llamados representantes populares se han prestado a ello. Ellos y ellas están más preocupados en las reformas electorales que les interesan sobre todo a ellos, pero ese será motivo de un próximo comentario.
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