Secuestran y matan la inteligencia

Miguel Angel Vásquez
(elaborado el 10 de agosto de 2008 para difundirse el 11 del mismo mes)
El Congreso del Estado de Oaxaca reformó el pasado ocho de agosto del 2008 el Código Penal para elevar de 70 a 105 años la condena a quienes secuestren a mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Esto sobre todo si los plagiarios son o fueron policías. La medida es para un servidor tan ofensiva como el delito mismo. Con ello los legisladores oaxaqueños han secuestrado y matado a lógica y la poca credibilidad que aún se tenía en ellos.
Las razones que sustentan el dicho anterior son las siguientes:
En primer lugar está demostrado que las penalidades altas no inhiben, es decir no frenan a los delincuentes, en este caso a los secuestradores. Esto sin considerar que un alto número de delincuentes es protegido desde las más altas esferas del poder gubernamental.
Muchos además confían en la ineficacia de la policía o bien ellos mismos son miembros de las diversas policías encargadas de perseguir a los delincuentes: es decir, a ellos mismos.
En segundo lugar, es para todos sabido que antes de imponer una pena a un delincuente es preciso que este sea detenido. Luego, si nos atenemos a los datos oficiales, más del 70 por ciento de los secuestros no son denunciados ante la policía ya sea por petición de los plagiarios o bien por desconfianza de los familiares hacia la policía. Del 30 por ciento restante de denuncias presentadas ante la policía sólo un uno por ciento de los plagiarios son detenidos y de estos un porcentaje aún menor es sentenciado ya sea a porque la averiguación previa estuvo mal integrada o porque el juez, curiosamente, no encontró elementos para mantenerlo en la cárcel. En consecuencia la posibilidad real de aplicar la pena de 105 años de cárcel se torna prácticamente imposible.
En tercer lugar, ¿sabe usted cuál es el promedio de vida de la población mexicana?. Este ronda entre los 75 y 80 años. Es decir, que para que un secuestrador pueda cumplir los 105 años de prisión que contempla ahora nuestro código penal, debería vivir al menos 122 años, considerando que el delito lo cometiera a los 16 años, que es la edad en que una persona es imputable, es decir, que puede ser castigado por cometer este tipo de delitos.
De todo lo anterior se concluye que los diputados locales oaxaqueños se están burlando de la inteligencia del pueblo al que dicen representar y evidencían lo que desde hace mucho tiempo se sabía: que son solo una mesa de trámite de la voluntad del ejecutivo. Es decir, que en Oaxaca no existe una auténtica división de poderes ya que la iniciativa fue presentada apenas 48 horas antes de su aprobación.
Al respecto los diputados locales de Tuxtepec deberían informarnos de sus respectivas posturas. De Juan Bautista olivera no se puede esperar otra cosa más que sumisión al PRI, pues siempre ha tenido esta actitud. Los diputados del PRD y del PAN, Felipe Reyes y Alfredo Ahuja sí deberían explicarle a la ciudadanía el sentido de su voto ante semejante insulto pues la solución no está en el aumento de penas sino en el freno a la impunidad.Finalmente, de quien se esperaba mayor profesionalismo por ser un abogado respetable es del diputado priísta Jaime Aranda. El es sin duda quien mayores explicaciones le debe al pueblo de Tuxtepec por esta reforma penal que puede parecer sensata, pero que esconde un afán oportunista y demás, carece de la más elemental lógica.