La
entidad ocupa el segundo lugar entre los estados más peligrosos para el
ejercicio de la libre expresión y el primero en agresiones a defensores de
Derechos Humanos
En
todos los casos, la tónica imperante es la impunidad en casos de delitos contra
comunicadores y defensores
Miguel Angel Vásquez
Después del estado de
Veracruz, Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en cuanto al número de agresiones
contra periodistas. En cambio, en cuanto a agresiones cometidas contra
defensores y defensoras de derechos humanos, ocupa el nada honroso primer
lugar.
De acuerdo con la
organización civil defensora de derechos de los periodistas Article 19
(http://articulo19.org/) en su reporte más reciente, la entidad se ubica en
focos rojos para el ejercicio de la libertad de expresión.
El estudio “tiene como objetivo identificar las zonas de mayor riesgo
para el ejercicio de la libertad de expresión y nos permite identificar las
agresiones registradas del 2000 a la fecha, haciendo distinción entre tipo de
agresiones: Asesinatos, Amenazas, Física/Material y Agresiones contra medios.
También puede diferenciarse las agresiones por género, así como por un lapso
determinado de tiempo e inclusive por zonas geográficas ya sea país o estado”.
El mapa
de agresiones a periodistas y medios de comunicación fue realizado en conjunto
con CitiVox y únicamente abarca México, Guatemala, Honduras El Salvador y
Nicaragua.
De acuerdo con el mapa, tan
solo en el 2012, un total de 137 periodistas y medios de comunicación han sido
agredidos de diversa manera en el país. En ese mismo lapso, ocho medios han
sido objeto de alguna agresión ya sea por parte de funcionarios públicos, por
miembros de la delincuencia organizada o por particulares.
La publicación resalta lo
siguiente:
“Seis entidades,
Veracruz (con 24 casos), Oaxaca (20), Baja California (16), Distrito Federal
(11), Tamaulipas (10) y Sonora (10) concentran el 66.42% de los agravios contra
comunicadores y medios, pero esta vez hay que advertir una regionalización en
las características de la violencia que atiende a varios factores”.
Según el informe “hasta el
30 de septiembre de 2011, hace un año exactamente, Article 19 había registrado
un total de 140 agresiones contra periodistas, trabajadores de los medios e
instalaciones de empresas de comunicación. Pese al contexto descrito arriba,
hoy el número es marginalmente más bajo, aunque es definitivo que continúan
ahondándose problemáticas severas, particularmente el alto porcentaje en el que
los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno son responsables de
acciones contra la prensa y el alto nivel de violencia de parte de la
delincuencia organizada”.
En referencia a
Oaxaca, el documento señala que la entidad “ha sido escenario de la violencia
político-electoral que comúnmente marca la agenda informativa en la entidad;
las protestas de grupos sociales y los conflictos sociales no resueltos
contribuyen a crear un clima hostil contra los reporteros y fotógrafos que les
dan cobertura.
“Como se establece en
la Declaración conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, firmada
el 25 de junio de este año por varios mecanismos internacionales para la
promoción de la libertad de expresión, los Estados tienen la obligación de
adoptar medidas para prevenir agresiones a la libertad de expresión en
situaciones en que las autoridades sepan o deberían estar al tanto de la
existencia de un riesgo real e inminente, y no únicamente en casos en que las
personas en riesgo soliciten protección del Estado.
“En ese sentido, la
problemática no ha sido atendida de manera adecuada por las
autoridades de
Oaxaca, indolentes en escenarios de riesgo para los trabajadores de los medios,
y omisas cuando en presencia de cuerpos policiacos los periodistas son
agredidos por grupos sociales y políticos. Esto, al margen de los casos en que
las fuerzas del orden perpetran los abusos”.
Algo importante de destacar
es que a nivel nacional como agentes agresores destacan funcionarios públicos
en el 41 por ciento de los casos, la delincuencia organizada en 18.24 por
ciento, en tanto que se desconoce la identidad de los agresores en un 16 por
ciento, en un 10.94 por ciento son particulares, mientras que en un ocho punto
dos por ciento son fuerzas partidistas y el restante cinco punto uno por ciento
se trató de organizaciones las agresoras.
Los
casos más recientes
Apenas el pasado 20 de
noviembre, en Huautla de Jiménez, el director de la revista Ruta 135, Fernando
Palacios Cházares, fue agredido por policías municipales al mando del presidente,
Manuel Zepeda Cortez. La agresión ocurrió justo cuando daba cobertura a la
agresión que los mimos uniformados ejercían contra 37 indígenas mazatecos que
se dirigían a la ciudad de México a rendir homenaje a Ricardo Flores Magón. En
este caso, a pesar de estar plenamente identificados tanto los autores
materiales como intelectuales de la agresión –entre los que destacan los
hermanos del munícipe, Vicente y Venancio Zepeda, su hijo Manuel Zepeda
Lagunes, su sobrino Gamaliel Zepeda y su yerno Marco David Tello Delgado y el
regidor Genero Romero, no existe castigo alguno.
El 24 de junio de este mismo año, el
fotoreportero Rafael Said Hernández fue lesionado de gravedad por Ernesto
Gerardo Gaona Robles,, Daniel Amador Martínez y Emigdio Cortez, a quienes el
juzgado cuarto penal les dictó formal prisión, pero la Procuraduría General de
Justicia no ha tenido éxito en identificar al autor intelectual del atentado.
El
común denominador: la impunidad
Un estudio sobre este tema,
referente a agresiones contra trabajadores de comunicación, concretamente en
contra de trabajadores de radios comunitarias señala que persiste la impunidad
en los casos de agresiones en contra de ellos.
“Las investigaciones
de agresiones contra periodistas y medios comunitarios no han arrojado resultados,
a pesar de que en la mayoría de los casos los agresores se encuentran
plenamente identificados, algunos de ellos siendo incluso agentes estatales. Lo
anterior transgrede el corpus iuris internacional de protección a la libertad
de expresión que impone la obligación al Estado de tomar las acciones
pertinentes para prevenir investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones”.
(Situación de las Radios Comunitarias en México informe 2011-julio 2012.
Asociación mundial de Radios Comunitarias. Amarc México.
En lo tocante a las
agresiones contra defensores de derechos humanos, “las
estadísticas registradas por la Red Nacional Todos los Derechos para
Todos y Todas, nos indica que esta entidad tiene el mayor número de agresiones
contra defensoras de los derechos humanos, por otro lado, según datos
registrados por la Red TDT, Oaxaca es el estado con mayores índices de
violaciones a los derechos humanos perpetrados contra personas defensoras en
todo el país.
“En 2011 y 2012 la Red Todos los Derechos para Todas y Todos ha
documentado
29 agresiones contra defensores en lo individual y 12 agresiones contra
grupos que defienden los derechos humanos. El clima de agresiones se
confirma por las 1847 personas beneficiadas por las medidas cautelares
que
ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el hecho
que
PBI ha mantenido un equipo permanente en el estado desde el 2008”,
señala un comunicado de la Red TDT que sesionó en Oaxaca los días 22 y 23 de
noviembre precisamente para visibilizar el peligro que se cierne en esta
entidad para defensores y defensoras de DH.
Por su parte desde
2008, la organización defensora de defensores de derechos humanos Peace Brigades
International (PBI) por sus siglas en
inglés informó este año que mantiene un equipo permanente en Oaxaca debido
a la situación de riesgo enfrentada por las personas defensoras en el estado.
Durante los últimos dos años, “PBI ha dialogado de forma continua con el
gobierno oaxaqueño sobre las preocupaciones de las organizaciones de la
sociedad civil y su situación de
riesgo. “PBI reconoce
la apertura del gobierno de Gabino Cué hacia la protección de personas
defensoras, pero advierte que las cifras de agresiones siguen siendo alarmantes”.
El último informe de
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C. señala a Oaxaca como
el segundo estado de México, después de Chihuahua, en número de agresiones a
personas defensoras en 2011, situándose a la cabeza en el primer trimestre de
20122. En el último año, defensores y defensoras de derechos humanos en el
estado de Oaxaca han sufrido amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, criminalización,
ataques físicos, allanamientos, y asesinatos3. Asimismo, PBI continúa
preocupado por los altos niveles de impunidad y la demora en la administración
de justicia en los casos de agresiones contra de personas defensoras de derechos
humanos.
En Oaxaca, dice el
documento de la organización “la gran mayoría de crímenes en contra de personas
defensoras de derechos humanos siguen sin esclarecerse. En ninguno de los casos
de agresión contra activistas acompañados por PBI ha habido culpables sancionados.
En la actualidad y a petición de las víctimas, los casos de crímenes cometidos
contra personas defensoras de derechos humanos pueden transferirse desde otras
áreas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) a la Fiscalía
de Investigación de Delitos de Trascendencia Social (FIDTS). Este cambio ya
había sido solicitado por un gran número de personas defensoras en riesgo en el
estado, con la esperanza de obtener avances en sus casos de forma más eficaz.
La fiscalía, sin dar resultados
“Aunque la creación
de la FIDTS ha sido ampliamente celebrada por la sociedad civil oaxaqueña,
existen serias preocupaciones respecto a su capacidad y su autonomía. Las
organizaciones de Oaxaca destacan ciertos avances en las investigaciones de los
casos y aprecian una fuerte voluntad por parte del personal que la integra. Sin
embargo, desde su creación, las organizaciones han tenido que presionar constantemente
para que hubiera personal capacitado y medios materiales a fin de poder llevar
a cabo sus funciones de forma apta; algo que hasta el momento se ha logrado
sólo parcialmente. Igualmente, las y los defensores han cuestionado la
autonomía que le concede la PGJE de Oaxaca, observando que muchos de los
obstáculos y demoras parecen originarse en esa entidad.
Las propuestas en este
sentido son de tipo técnico. Las organizaciones coinciden en la necesidad de
mayor recursos humanos y financiamiento. Concretamente identifican:
a) La necesidad de
peritos con una formación y conocimiento relevante, como la naturaleza de la labor
de defensa de derechos humanos en México o capacitación en el Protocolo de
Estambul;6
b) la necesidad de
realizar un protocolo integral de atención a víctimas y testigos;
c) la necesidad de un
protocolo de investigación de crímenes en contra de personas defensoras de derechos
humanos, que haya sido desarrollado junto con personas defensoras;
d) la elaboración de
una auditoría de la PGJE que permita valorar su eficacia y detectar sus fallas;
e) la necesidad de
que la policía adscrita a la Fiscalía esté capacitada en materia de derechos humanos,
trato a víctimas y protección al personal de la fiscalía.
El
ombudsman, los mismos vicios
Por otra parte, en
cuanto al ombudsman estatal, señala que “el proceso de elección de su titular y
de contratación de su personal ha sido muy cuestionado por algunas
organizaciones, lo
que ha generado desde un inicio desconfianza hacía la institución. En la
actualidad, las organizaciones acompañadas por PBI han expresado su
preocupación ante una aparente falta de conocimiento y compromiso por parte del
personal interno y en ocasiones la falta de liderazgo de su titular.
Así mismo, la falta
de financiación disponible para la Defensoría ha mermado sus capacidades de
acción.
Con un reglamento
interno recién aprobado y bastante ambicioso, es necesario un mayor
financiamiento que permita desarrollar todas las áreas de atención a lo largo
del territorio estatal.
Las propuestas están
relacionadas con la capacidad del personal y la necesidad de financiación. Las organizaciones
acompañadas consideran que la Defensoría sí tiene un fuerte potencial para
aportar a la sociedad oaxaqueña pero son necesarias ciertas medidas, entre
ellas consideran:
a) Restablecer áreas de
trabajo y realizar concursos públicos para puestos;
b) Capacitar al
personal directivo y funcionarios a través de la realización de talleres y
formación continua sobre los derechos humanos y trato a víctimas, para un mayor
entendimiento y apropiación de su trabajo;
c) y dotar de un
mayor financiamiento que permita desarrollar el organigrama establecido por el nuevo
reglamento, a fin de dar una adecuada cobertura temática y territorial con
personal suficiente y capacitado.
Ni el Estado mexicano ni en su nivel local el gobierno estatal de Gabino Cué ofrecen garantías a los comunicadores. Garantías que se exigen no para ese sector como un priivilegio sino porque son quienes trabajan con un bien social trascendente sin el cual la sociedad no puede ejercer su derecho a la información y a la crítica. Si ellas no hay posibilidad de algùn ejercicio sociopolìtico razonado y menos de desarrollo de la democracia.
Por eso es que es social e históricamente importante salvaguardar el trabajo de los comunicadores por todo lo que pierde el ciudadano quien a través de estos ejercer su constitucional derecho a la información.
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