Sobre el acceso a internet como derecho
constitucional
En la línea de este planteamiento surgen algunos más. Desde una perspectiva
se puede afirmar que todo derecho implementado o propuesto, surge por cubrir
una necesidad de justicia social o protección, independientemente que sean o no
atendidos. En la actualidad, el nivel tecnológico que presentamos avanza
técnicamente reflejado en las facilidades de comunicarse, en la búsqueda de
conocimiento y/o distracción. Una prueba de ello ha sido la llegada de l@
Internet (o www), y sus tantos beneficios. En México, 38.9 millones de personas
usan una computadora y 32.8 millones utilizan internet según datos del INEGI obtenidos en su encuesta en Hogares
sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información de 2010; las
edades que mayoritariamente utilizan este servicio (66.8%) oscila entre los 12
y 34 años; otro dato porcentual son los hogares que cuentan con equipo de
computo siendo del 29.8%. En la página web del INEGI también podemos encontrar
el porcentaje sobre el uso que hace del internet esa parte privilegiada de los
ciudadanos, siendo la búsqueda de información y como vía de comunicación las
dos actividades con mayor porcentaje de un 58.4 y 57.4 porciento,
respectivamente; sorpresivamente, solo el 28% lo utiliza para distraerse o como
forma de esparcimiento. Todo esto sin embargo, se asume como encuesta subjetiva
atendiendo sólo a lo el entrevistado responde, sin tener certeza total en los
datos.
Una población de 112.3 millones es la población que habita hoy nuestro
apabullante país. De las cifras anteriores se pueden hacer varias lecturas.
Pero aquí sólo interesa equilibrar ese asunto de establecer Internet como
derecho fundamental, irónico cuando por un lado, debería ser a estas alturas un
medio obligatorio para todo ciudadano, y luchar por el acceso libre (y ancho de
banda) a este servicio, cuidando no caer en monopolios o privatizaciones; y por
otro lado, es inapropiado garantizar el progreso o desarrollo de un país con el
establecimiento de una ley respecto al mundo digital, o por lo menos en México,
donde existe ausencia de necesidades básicas que satisfacer de los habitantes,
como por ejemplo se posee un sistema educativo deficiente y problemas políticos,
económicos y sociales latentes. Elevar el nivel y calidad de vida de los mexicanos
dista mucho de lograrse con solo la ampliación del acceso a internet cuando,
por ejemplo, la mayoría de las familias vive entre necesidades básicas de
alimento, que prefieren poseer por lo menos un televisor en sus hogares para
distraerse del mundo real.
El primero de junio de 2011, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un
derecho humano: “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión
y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el
progreso de la sociedad en su conjunto”. Así, de acuerdo a la Asociación
Mexicana de Internet (Amipici) un escaso 25% de la población mexicana
tiene acceso a este servicio, lo que equivale aproximadamente a 27
millones de personas. Por ello, mucho se habla de la brecha
tecnológica aquella que mantiene a la gran mayoría de los mexicanos sin
esta herramienta que para los privilegiados es fundamental.
Por otro lado, diferentes organismos señalan el servicio de internet en
México como caro y lento respecto al resto del mundo, por ejemplo la
Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Fundación
de la Información, la Tecnología y la Innovación.
Existe la visión de gobiernos en algunos países, los cuales han implementado políticas públicas a partir
del desarrollo tecnológico y que han alcanzado un gran crecimiento económico:
“…el primero de julio de 2010 el derecho a Internet se convirtió en una
garantía social. En Finlandia los ciudadanos tienen el derecho constitucional a
la conexión de banda ancha de un Megabit, además el sistema educativo tiene la
obligación de conectar a todas las escuelas y librerías públicas a la red. La
Constitución contempla para 2015 la conectividad social a una banda ancha de
100 Megabit, lo cual representa que por Internet se podrán realizar actividades
simultaneas sin que esto represente lentitud en la conectividad, como es el
envío de archivos, teletrabajo, consumo de televisión de alta definición o
edición de productos.” (Sergio Octavio Contreras. Internet: un derecho humano.
16 de mayo, 2012.)
Sencillamente en México sólo el que desee y lo necesite, o tenga el poder
adquisitivo para contratar el servicio, o viva en alguna zona urbana
desarrollada, posee esta alternativa.
“Sobre el desarrollo de la red y la economía, la conectividad demuestra que
los países donde existe más participación social mediante Internet también
presentan mejoras en sus niveles de vida. Los países con mayores niveles de
penetración social de la red son Noruega 97.2%, Islandia 97%, Suecia 92.9%
Australia 89.9%, Dinamarca 89%, Finlandia 88%, Corea 82%, Canadá 81.6%, Japón 80%,
Estados Unidos 78.3%, Singapur 77%, Hong Kong 68%, Alemania con el 67.4% y
Reino Unido 52%.” Aquí parece ser que a
mayor conectividad, mayor nivel educativo y de vida.
Es en entonces, que algunos analistas centra la discusión en que se debe
garantizar el derecho a la libre red o una real libertad digital.
Sin embargo, el derecho a internet no garantiza mejores ciudadanos (eso a
mi parecer es resultado de un proceso sociocultural que las personas
individualmente adquieren a lo largo de su vida y ligadas a un contexto); y sin
embargo, una implementación adecuada de ese derecho manifiesta de forma latente,
aunque lenta, una transición hacia la democratización, sin ser esta la única
vía. Una cuestión importante manifiesta las formas de implementar tal derecho sin
que el asunto termine en monopolio o en manejes políticos y económicos que no
respondan al bienestar y avance económico, social y educativo de nuestro país.
Carolina Mejía
Martínez
CIN
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y SOCIOLOGÍA
27 Noviembre 2012
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