Reflexiones

¿Hacia una nueva elección?

Miguel Ángel Vásquez

El candidato de Convergencia a la presidencia municipal de Tuxtepec, José Soto Martínez, anunció ayer que impugnará la elección del pasado domingo donde fue notoria la implementación de prácticas como la compra del voto, el acarreo y la intimidación. Para ello, adelantó, buscará el acompañamiento del resto de los candidatos perdedores.
La impugnación se antojaría certera por lo siguiente. Uno: Para todo candidato es necesario defender el voto de quienes sufragaron por él, máxime cuando el triunfo del oponente se debió a una serie de trampas descaradas. Dos: si existe ese recurso jurídico y se tienen las evidencias del fraude, actuar en sentido contrario sería tanto como avalar este tipo de comportamientos y en concordancia con el punto anterior, sería traicionar la confianza de los electores.
El planteamiento, sin embargo, tiene sus bemoles. En primer lugar, para denunciar irregularidades, al menos ante la opinión pública, se necesita tener calidad moral y el candidato de Convergencia no la tiene debido a que las mismas prácticas denunciadas contra Gustavo Pacheco Villaseñor fueron hechas en contra suya. La diferencia radicó en la mayor capacidad operativa del gobierno del estado y no en una actitud distinta. Esto, sin embargo, no priva a los convergentes de su derecho de presentar los recursos legales que consideren necesarios. Al final de cuentas, en un reconocimiento de las anomalías de ambos candidatos, el Tribunal Electoral podría –es una suposición- decretar la anulación de la elección y llamar a nuevos comicios.
Pero hay otro detalle: Soto Martínez ha llamado al resto de partidos políticos a sumarse a esta demanda. Y ello implica otra polémica, sin excepción, todos los partidos han denunciado públicamente tanto la compra del voto como el acarreo y en general, la operación del Estado a favor del candidato oficial. Sin embargo, esos mismos partidos (PAN, PT, PVEM, PRD y PANAL) han denunciado las mismas prácticas de Soto Martínez, quien a diferencia del virtual triunfador, operó con recursos propios y de amigos varios. La pregunta sería si esos candidatos querrían ahora aliarse quien en otras condiciones los pudo derrotar con las mismas prácticas que ahora denuncian, o preferirán, una de dos, impugnar por propia cuenta o habida cuenta de la falta de autonomía del Tribunal Electoral Estatal y con la esperanza de recurrir finalmente al Tribunal Electoral Federal –que también tiene su vicios- o de plano dejar el asunto por la paz para no hacerle el caldo gordo a Soto Martínez, quien al final de cuentas, ante una nueva elección nada podría garantizar que deje de recurrir a los vicios que son parte de su naturaleza.
Pero por otra parte, si los partidos optan por quedarse callados, darían un mensaje crudo a la ciudadanía: Le darían la razón a los escépticos, a quienes no acudieron a votar debido a que desconfían de las vías electorales como alternativas para resolver las diferencias políticas. ¿Cómo le dirían a los electores que deben salir a votar para que unos cuantos no decidan por ellos si los partidos no acuden ante las instancias para defender el voto y en consecuencia la legalidad?
Lo innegable a estas alturas es que la elección del domingo fue vergonzante y tan culpable es quien compra un voto como quien lo vende, pero también tienen responsabilidad quienes contemplan y no denuncian, como quienes prefieren voltear la mirada para otra parte para estar a gusto con su conciencia. También hay ya quienes justifican el fraude diciendo que “bueno, ya, la ciudadanía decidió vender su voto y hay que respetarla”. Esto nos lleva a plantear desde ahora un tema para posterior reflexión: ¿realmente merecemos el gobierno que tenemos o tenemos el gobierno que merecemos?
La moraleja:
En julio del 2000 el mismo José Soto Martínez arrebató la diputación federal a Rogelio Enríquez Palma, entonces postulado por el PAN. Quienes hicieron el trabajito en comunidades de San Felipe Usila continúan en el PRI y ahora festinan la derrota de su ex aliado. El que a hierro mata…
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