¿De qué servirá marchar?

Miguel Angel Vásquez
El próximo 30 de agosto, en todo el país se realizarán sendas marchas silenciosas para protestar en contra de la violencia.
Al respecto, la pregunta forzosa es si esto servirá o no de algo, o sólo será una especie de válvula de escape, una catarsis le llaman los psicólogos, ante tanta tensión social debida a los continuos asesinatos, levantones y secuestros cometidos por delincuentes comunes y policías protegidos desde las más altas esferas del poder.
En primer lugar hay que recordar que el derecho a la libre manifestación es inviolable y en consecuencia, la protesta del próximo sábado no sólo está permitida sino que incluso es necesaria para manifestar nuestra inconformidad contra la ineficacia gubernamental para abordar el problema.
En segundo lugar, habrá que analizar si la protesta tendrá algún efecto o consecuencias.
Como primer punto, considero que el resultado positivo de la marcha es que moviliza a la sociedad y pone a prueba su capacidad de asombro, indignación y de organización. Si la marcha es exitosa los mexicanos podríamos estar probando que más allá de nuestras diferencias ideológicas o socioeconómicas y de raza, hay problemas que nos son comunes y solo unidos podemos enfrentarlos.
Sin embargo, por otro lado es previsible que de parte de los distintos niveles de gobierno las respuestas ante la marcha sólo serán declarativas, discursivas y quedarán en el olvido tan pronto como un nuevo hecho mediático se aparezca.
Del lado de los delincuentes, tanto de los abiertamente transgresores de la ley como de los que están enrolados en las corporaciones policiacas, militares y gubernamentales, lo más seguro es que sólo dibujen una suave sonrisa y contemplen la procesión desde sus balcones, en las banquetas o desde la televisión.
Pero por otra parte, convendría que quienes se escandalizan, indignan y movilizan contra la violencia que frena y ahuyenta a la inversión, organizaran también algún día una marcha en contra de los delincuentes de cuello blanco, es decir, en contra de los evasores de impuestos, de quienes explotan a sus trabajadores y los tienen sin seguridad social; que protestaran en fin, en contra de esa violencia que mata de hambre y desnutrición a los pequeños en pueblos y colonias pobres, que permite que cientos de mujeres mueran cada año de parto por no haber hospitales cerca de sus pueblos ni carreteras para llegar pronto a donde sí las hay porque los gobernantes se han robado el dinero destinado para ello, en fin, convendría que un día todos los mexicanos nos uniéramos para protestar contra esa violencia que daña sobre todo a los más pobres entre los pobres, pero que no se percibe porque jamás ocupará los espacios estelares de los medios de comunicación.
Pero ya que estamos en este juego de imaginación, si todos pusiéramos algo de nuestra parte para resolver el grave problema de injusticia social que impera en el país, tal vez no tendríamos que estar haciendo marchas silenciosas.

Aranda enmienda la plana

Miguel Angel Vásquez
Es el momento oportuno de resaltar la honestidad intelectual del diputado Jaime Aranda, quien en días pasados reconoció públicamente que la reforma penal aprobada por el Congreso y ordenada por el ejecutivo estatal en nada frenará a la delincuencia.
En declaraciones hechas a Toño Moreno primeramente el pasado lunes y luego también el martes a Guillermo Vilaboa, reportero de Tv bus, Aranda Castillo reconoció expresamente lo infuncional y por lo tanto inútil de la elevación de las penas a los secuestradores.
Semanas antes, en este mismo espacio reclamábamos del diputado una explicación por lo que algunos consideramos una ofensa a la inteligencia del ciudadano, pues es imposible que alguien viva 105 años para ser encarcelado por el delito de secuestro como sugiere la reforma al código penal hecha hace unas semanas en el contexto de un escándalo nacional por la ola de secuestros y ejecuciones de personas plagiadas.
Sin embargo, lo siguiente en esa línea de honestidad mostrada por el diputado, sería derogar la inoperante reforma e impulsar cambios legislativos donde verdaderamente se contribuya a mejorar la administración de justicia. Esto mediante el combate a la impunidad y la corrupción. De cómo hacerlo Aranda Castillo sabe sin duda más que nadie en el Congreso por su trayectoria de ministerio público, juez y litigante.
En segundo lugar, aún con el consabido autoritarismo que priva en la política oaxaqueña, el diputado debería pugnar porque las siguientes reformas aprobadas por el congreso no sean resultado de calenturas mediáticas y que como la que comentamos dejen mal parados a los llamados representantes populares, sobre todo a los que sin el más mínimo análisis levantan el dedo para cumplir los designios de su patrón.
Esto es algo muy difícil, pero la congruencia no es virtud de personas timoratas.
De mi parte es todo por hoy. Hasta la próxima.

Circo ante la inseguridad

Miguel Angel Vásquez
Sexenio tras sexenio, cada que la criminalidad se dispara y ocupa los titulares de los medios de comunicación, los presidentes de la república salen a decirnos frases trilladas como: México es más grande y más fuerte que sus enemigos. El Estado Mexicano no dará un paso atrás en la lucha contra la delincuencia. Seguiremos en esta guerra, caiga quien caiga…
Y así, todo el tiempo se recicla una larga lista de frases, hasta que una medalla olímpica, un terremoto, un avionazo, una inundación o un escándalo político cambian la agenda marcada por los medios masivos de comunicación.
En este recuento de las respuestas mediáticas ante la ausencia de políticas anticrimen son otras veces los gobernadores de los estados quienes con el ceño fruncido, para darle seriedad a sus palabras, advierten que ahora sí se combatirá la corrupción y se despedirá a los policías corruptos. Pero no. Solo se cambia de nombre a la corporación y de ser judiciales pasan a llamarse ministeriales o agentes investigadores cuando en realidad debían llamarse instituto de guardaespaldas al servicio de funcionarios… o algo por el estilo.

Otra muestra de la respuesta mediática ante la delincuencia ha sido la realización de marchas ciudadanas que lo único que hacen es llamar la atención unos meses y luego, esa solidaridad y ese hartazgo ciudadanos se difuminan… Hasta que un famoso, influyente o potentado sea desafortunadamente secuestrado o asesinado.
No faltan en estos momentos los desplegados de quienes exigen implementar la pena de muerte como si la cárcel no estuviera llena ya de pobres e inocentes.
El caso es que el invento publicitario más reciente contra la delincuencia es la cumbre de gobernadores que hoy tiene como principal atractivo saber si Marcelo Ebrard se toma o no la foto con Felipe Calderón y el significado político que eso tendrá.
Algo seguro puede anticiparse: que la delincuencia persistirá durante muchos años aún por la corrupción y la impunidad alentadas por buena parte de los mandatarios que hoy se reunirán para, según ellos, cerrar filas contra la inseguridad. Pero lo único que buscan es aparecer en las cámaras de televisión y en los diarios como salvadores de la patria en este circo romano lleno de sangre derramada por muchas vidas inocentes.

Secuestran y matan la inteligencia

Miguel Angel Vásquez
(elaborado el 10 de agosto de 2008 para difundirse el 11 del mismo mes)
El Congreso del Estado de Oaxaca reformó el pasado ocho de agosto del 2008 el Código Penal para elevar de 70 a 105 años la condena a quienes secuestren a mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Esto sobre todo si los plagiarios son o fueron policías. La medida es para un servidor tan ofensiva como el delito mismo. Con ello los legisladores oaxaqueños han secuestrado y matado a lógica y la poca credibilidad que aún se tenía en ellos.
Las razones que sustentan el dicho anterior son las siguientes:
En primer lugar está demostrado que las penalidades altas no inhiben, es decir no frenan a los delincuentes, en este caso a los secuestradores. Esto sin considerar que un alto número de delincuentes es protegido desde las más altas esferas del poder gubernamental.
Muchos además confían en la ineficacia de la policía o bien ellos mismos son miembros de las diversas policías encargadas de perseguir a los delincuentes: es decir, a ellos mismos.
En segundo lugar, es para todos sabido que antes de imponer una pena a un delincuente es preciso que este sea detenido. Luego, si nos atenemos a los datos oficiales, más del 70 por ciento de los secuestros no son denunciados ante la policía ya sea por petición de los plagiarios o bien por desconfianza de los familiares hacia la policía. Del 30 por ciento restante de denuncias presentadas ante la policía sólo un uno por ciento de los plagiarios son detenidos y de estos un porcentaje aún menor es sentenciado ya sea a porque la averiguación previa estuvo mal integrada o porque el juez, curiosamente, no encontró elementos para mantenerlo en la cárcel. En consecuencia la posibilidad real de aplicar la pena de 105 años de cárcel se torna prácticamente imposible.
En tercer lugar, ¿sabe usted cuál es el promedio de vida de la población mexicana?. Este ronda entre los 75 y 80 años. Es decir, que para que un secuestrador pueda cumplir los 105 años de prisión que contempla ahora nuestro código penal, debería vivir al menos 122 años, considerando que el delito lo cometiera a los 16 años, que es la edad en que una persona es imputable, es decir, que puede ser castigado por cometer este tipo de delitos.
De todo lo anterior se concluye que los diputados locales oaxaqueños se están burlando de la inteligencia del pueblo al que dicen representar y evidencían lo que desde hace mucho tiempo se sabía: que son solo una mesa de trámite de la voluntad del ejecutivo. Es decir, que en Oaxaca no existe una auténtica división de poderes ya que la iniciativa fue presentada apenas 48 horas antes de su aprobación.
Al respecto los diputados locales de Tuxtepec deberían informarnos de sus respectivas posturas. De Juan Bautista olivera no se puede esperar otra cosa más que sumisión al PRI, pues siempre ha tenido esta actitud. Los diputados del PRD y del PAN, Felipe Reyes y Alfredo Ahuja sí deberían explicarle a la ciudadanía el sentido de su voto ante semejante insulto pues la solución no está en el aumento de penas sino en el freno a la impunidad.Finalmente, de quien se esperaba mayor profesionalismo por ser un abogado respetable es del diputado priísta Jaime Aranda. El es sin duda quien mayores explicaciones le debe al pueblo de Tuxtepec por esta reforma penal que puede parecer sensata, pero que esconde un afán oportunista y demás, carece de la más elemental lógica.